Este viernes se llevó a cabo la primera sesión del Consejo interministerial para la elaboración de la Política Nacional de Migraciones, instancia donde se aprobó un plan de trabajo de 6 meses para la redacción y aprobación de la Política Migratoria de Estado que demanda la nueva Ley de Migraciones y Extranjería que recientemente entró en vigencia.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, señaló que “junto a nuestro Subsecretario y el Director Nacional de Migraciones hemos tenido, el día de hoy, el primer Consejo interministerial para la Política Migratoria, un espacio que pretende elaborar la Política Nacional de Migraciones y Extranjería para nuestro país, puntualizando que “en ella han participado los distintos ministros y ministras que por Ley están convocados, pero además como gobierno hemos querido incorporar a nuestra vocera de gobierno, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y ministerios tan importantes como el de vivienda, educación, economía, entre otros, así también las representaciones de las distintas asociaciones de municipalidades”.
“Posteriormente, hicimos un lanzamiento donde pudimos compartir con parlamentarios y parlamentarias y con los distintos sectores de la sociedad civil que contribuyen a elaborar una política migratoria que esté conectada con las necesidades de los distintos territorios y también con sus autoridades locales”, agregó la Jefa de Gabinete y Presidenta del Consejo.
En relación a la situación migratoria que vive el país, el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, se refirió a un paquete inicial de medidas complementarias al proceso de formulación de la Política Migratoria, señalando que “en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta estamos tomando acciones como Gobierno para poder enfrentar los efectos que está teniendo la migración irregular sobre las comunidades”.
“Después de nuestro viaje a la Macrozona Norte hemos impulsado tanto el Comité de Coordinación de Primera Respuesta Migratoria intersectorial e interregional, como los Pactos de Inversión Territorial para la recuperación de espacios públicos, además la extensión del Decreto 265 para el control y resguardo de nuestras fronteras”, agregó el también Secretario Ejecutivo del Consejo.
Desde la Dirección Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, dijo que “hemos iniciado hoy día un proceso que es inédito en este país y es convocante. Convocamos a todos los sectores políticos, actores de la sociedad civil, mundo empresarial, organizaciones sociales y sistema internacional de Naciones Unidas a sumarse a este desafío que tenemos por delante que es formular una Política Migratoria de Estado que sea sostenible en el tiempo, una política migratoria que garantice que el proceso migratorio que se está viviendo contribuya al desarrollo de nuestro país y no constituya una dificultad para los territorios”.
El Director informó que “junto con la constitución del Consejo interministerial de Política Migratoria que aprobó un plan de trabajo con temporalidad de aproximadamente 6 meses, la idea es ofrecer un documento con lineamientos fundamentales y objetivos al país en septiembre”.
La instancia cuenta con la asesoría técnica del Servicio Nacional de Migraciones y será presidida por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública con la participación de diversos ministerios y subsecretarías. En el Consejo tienen derecho a voto las carteras de Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, Salud, Desarrollo Social y Familia y Trabajo y Seguridad Social, mientras que tienen derecho a voz, Vivienda, Mujer y Equidad de Género, Educación, Economía y Segegob, entre otras, incluyendo a dos representantes de asociaciones de municipalidades del país.
De esta forma, se espera que la futura Política Migratoria pueda contemplar diversos enfoques y acuerdos en materias base, tales como equidad de género, DD.HH., intersectorialidad, descentralización, regularidad migratoria, seguridad pública, resguardo de las fronteras, diálogo multilateral, desarrollo económico y productivo y protección irrestricta a niños, niñas y adolescentes (NNAs).
